¿Por qué NO al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución?

¿Por qué NO al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución?

Instituto de Ciencias Políticas Bautista Van Schouwen Vasey

En primer lugar, 10 partidos políticos se juntan en el Ex Congreso Nacional para acordar entre 4 paredes el procedimiento constituyente y el contenido de la discusión, sin tener legitimidad alguna que represente el movimiento social, ni menos tener alguna atribución de poder determinar los contenidos que son propios al poder constituyente originario, que es una expresión de la soberanía, la cual recae en la Nación y no es exclusiva de los partidos políticos. 

En segundo lugar, es una instancia violenta, pues estos partidos políticos (miembros de la ex-Concertación, Chile Vamos y el Frente Amplio), imponen un acuerdo político tanto sobre el procedimiento constituyente, como el órgano, la forma de llevar a cabo el plebiscito, el contenido de la discusión, entre otros. Para ello, comprometen los votos de sus parlamentarios respecto de cualquier reforma legal o constitucional que materialice el acuerdo como un todo, siendo que el total de los partidos que suscriben este documento representan un 83% de ambas Cámaras, por tanto, aunque el resto de la población no esté de acuerdo o el resto de los parlamentarios vote en contra, podrán imponer su acuerdo.

En tercer lugar, es engañoso, puesto que proponen la convocatoria a un plebiscito para consultar sobre el cambio constitucional y del órgano constitucional en dos papeletas. La primera papeleta consulta por un cambio constitucional (sí/no) y la segunda papeleta consulta por el órgano constitucional, distinguiendo entre Convención mixta y Convención constitucional. Es tramposa la manera de consultar, porque dispersa el voto, le da la posibilidad a quienes no desean un cambio constitucional a votar dos veces, pues primero el votante indicará que no desea cambio constitucional y luego se pronunciará por el órgano constitucional, lo que no es consecuente con su opción electoral, pues si no desea cambio constitucional, no tiene sentido que vote por el órgano que hará el cambio, pues esa no es su opción. 

El cambio constitucional a través de una Asamblea Constituyente ha sido una demanda del movimiento social, por lo tanto, a fin de no dispersar los votos y responder a la demanda social, la pregunta debe ser si el elector está de acuerdo o no con la realización de una Asamblea Constituyente.  

En cuarto lugar, a través de la segunda papeleta señalan como opción la convención mixta y la convención constituyente. En primer término, el movimiento social jamás ha hablado de conveción mixta, es una manera en que los partidos responsables de la crisis intentan imponer el espacio del congreso -que se encuentra deslegitimado- para formar parte del proceso constituyente. En segundo término, se ha planteado de diversas maneras la necesidad de un cambio constitucional a través de una Asamblea Constituyente, por tanto, es el órgano electoral que debe materializar el proceso constituyente. 

En quinto lugar, establecen que para la elección de los delegados constituyente se aplicará el sistema de los diputados, es decir, la fórmula electoral D’Hondt, con las exclusiones indicadas en la Ley 18700. 

Este quinto punto es gravísimo por varias razones:

  • En primer término, las elecciones de diputados prohíben la postulación como candidatos a diputados a los dirigentes gremiales, sindicales y sociales. Dicha inhabilidad sigue vigente a nivel legal, no fue corregida con el reemplazo al binominal y es una exclusión arbitraria que sólo asegura los escaños de representación a los partidos que ya integran el Congreso. 
  • En segundo término, las elecciones de diputados permiten que los candidatos independientes postulen por dos vías. 
  • Una vía, es si sus candidaturas son patrocinadas por un mínimo de electores, que según la resolución 2588 de 2017 del SERVEL, que fijó la cantidad mínima para las elecciones de 2017, la cantidad mínima era de 313 en Magallanes y de 2284 en uno de los distritos de la Región Metropolitana, números que un candidato independiente, sin financiamiento difícilmente, podrá conseguir y se verá excluido de participar. Es por ello, que proponemos la participación de los independientes sin exigencia de umbral, es decir, sin patrocinantes. 

  • Una segunda vía, es si su candidatura se realiza con el cupo de un partido político, a través de una alianza electoral, pero se requiere para ello que el partido político tenga su vez un pacto con otro partido político. Si éstos (los partidos) no tienen una alianza electoral previa, el candidato independiente no puede realizar alianza electoral. Es por ello que proponemos la eliminación de la necesidad del pacto entre partidos para que se configure la alianza entre el partido y el independiente, en otras palabras, que se elimine el subpacto y se permita el pacto directo, tal como en las elecciones de consejeros regionales y también de los gobernadores. 
  • En tercer término, si bien se reemplazó el sistema binominal por el Sistema D’Hondt, ello no quiere decir que este sistema sea el más inclusivo de los sistemas por integración. El sistema D’Hondt en Chile generó un aumento de los escaños por distritos, puesto que no es posible generar un sistema inclusivo si sólo existen dos escaños por distrito, porque siempre saldrán electas las dos listas mayoritarias, esto es, 

Chile Vamos y la Nueva Mayoría, por tanto, para integrar otras fuerzas políticas y romper con el binominalismo, era necesario aumentar los escaños por distrito. Ahora, ello no generó necesariamente el efecto deseado, pues si bien se aumentaron los escaños y se aplica la fórmula electoral D’Hondt eso ha permitido la inclusión de una tercera fuerza política, el Frente Amplio. Mientras, este sistema electoral sigue excluyendo a otros movimientos y fuerzas políticas, que se encuentran representadas al menos en un 8% no electo y en el 9% de aquellos que votan nulo o blanco que no tienen representación. 

  • En este sentido, cabe precisar que con la fórmula electoral actual, Chile Vamos obtuvo un 39% de los escaños a nivel nacional; la Nueva Mayoría un 24%; la DC un 11%; el Frente Amplio un 16%; Amplitud un 2%; el Partido Ecologista un 2%; el Pro un 4%; UPA 1%; PTR un 0,08%, y los independientes que en su totalidad obtuvieron un 2% a nivel nacional, de la población que sufragó por una opción electoral. Por tanto, lo que reflejan estos resultados es que la fórmula electoral y el número de escaños permiten la integración a nivel nacional de una tercera fuerza electoral, que es el FA, pero dicha fórmula no permite la inclusión de otras listas, pues la cifra repartidora que permite la integración está dirigida a favorecer a las 3 fuerzas más competitivas (ello porque son conglomerados de partidos políticos, con estructura y financiamiento que les permite competir en una elección, en condiciones superiores a las de un solo partido o a las de un independiente). Así se puede ver también en la integración por distrito, en que los candidatos electos fueron de la Nueva Mayoría, de la DC, de Chile Vamos y el Frente Amplio.  
  • La manera como ha resultado el D’Hondt en Chile se ha traducido en un binominal corregido que permite la integración de una tercera fuerza política pero nada más. Para tener una Asamblea Constituyente que sea representativa de todos los sectores de la población, debe corregirse el sistema electoral a aplicar por otro sistema de integración más inclusivo, para ello se propone utilizar, el sistema Sainte Lagüe Puro. 
  • En cuarto término, se pretende replicar el sistema electoral de los diputados a los asambleístas, también en su número, lo que significa, como se puede concluir de los párrafos anteriores, que la composición política de la Asamblea Constituyente, si se replica el mismo número y fórmula electoral que la de los diputados, con las mismas condiciones para los independientes, será un reflejo en términos de cuoteo político de lo que hoy existe en la Cámara de Diputados. Por tanto, los dirigentes de movimientos políticos, sociales, gremiales y sindicales no podrán ser candidatos a la Asamblea Constituyente. Y si lo son, tendrán altas dificultades de integración, salvo que concurran con un cupo de la Nueva Mayoría (incluyendo a la DC), Chile Vamos y el Frente Amplio.  

En sexto lugar, los partidos no tienen ninguna facultad de impedir al órgano constituyente afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado, menos puede imponer al órgano constituyente su quórum de funcionamiento ni de adopción de acuerdos, ni procedimientos. No pueden porque los delegados constituyentes electos representan al poder constituyente originario, que los elige para tales efectos, y es el poder constituyente originario la máxima expresión de soberanía de una Nación, es la Asamblea Constituyente el órgano con mayor legitimidad democrática, pues su función deriva del encargo que hace la ciudadanía de discutir y proponer una nueva constitución política, que una vez promulgada derogará la anterior y será suprema frente a la ley, es decir, será suprema frente al congreso y éste deberá ejecutar los cambios legislativos necesarios para hacer operativa la nueva constitución. Tampoco estas facultades las tiene el parlamento, que hasta la fecha la Constitución sólo les permite legislar para el cambio constitucional, pero no para restringir el ejercicio del poder constituyente originario. 

En séptimo lugar, en relación con el punto anterior, no pueden los Partidos ni el Parlamento fijar un quórum de funcionamiento y adopción de acuerdos del órgano constituyente. El quórum de ⅔ permite que una posición minoritaria pueda vetar a la posición en un acuerdo obtenga más del 50% incluso de los delegados constituyentes en ejercicio, porque el ⅓ finalmente al obstaculizar un acuerdo impone su posición, a pesar de ser minoría. No hay que olvidar que el movimiento social ha impulsado la asamblea constituyente como demanda frente a las injusticias sociales que ha generado el sistema de libre mercado en Chile, a modo de ejemplo, las pensiones, la educación, la salud, el trabajo, etc. 

Se ha instalado la vida digna como concepto, indicando que las manifestaciones seguirán “hasta que la dignidad se haga costumbre”. La dignidad como concepto en las manifestaciones alude a la garantía efectiva de los derechos sociales básicos antes mencionados. Por tanto, si fijamos un quórum de ⅔ para la adopción de acuerdos, lo que hacemos es predeterminar que la Constitución será una “Constitución Mínima” en que la garantía y cobertura de los derechos económicos,sociales y culturales será excluida de la Constitución y se hará igual que en la actual, se regula la existencia de dichos derechos, pero no se garantiza su ejercicio ni su cobertura. En este sentido, la asamblea constituyente debe fijar sus quórum, sus procedimientos y los disensos deben ser votados en un plebiscito previo al ratificatorio. 

En octavo lugar, no existe razón alguna para que exista una Comisión Técnica de carácter paritario entre el oficialismo y la “oposición”, que determine todos los aspectos para materializar lo señalado por el acuerdo político de 10 partidos más un diputado. Nos remitimos al razonamiento antes vertido en relación a la legitimidad. Agregamos, que una Comisión Técnica 

de carácter paritario entre las expresiones políticas del congreso, sólo sigue con la lógica de la exclusión de otras expresiones políticas, de los movimientos sociales, que no fueron electos en el congreso y por tanto, jamás podrán ser parte de dicha Comisión Técnica. 

La propuesta del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución finalmente representa a los partidos políticos que lo suscriben y ha sido pensada para que el proceso constituyente y el órgano constitucional sean a la medida de las fuerzas políticas existentes en el congreso, excluyendo permanentemente a las grandes mayorías que se han manifestado exigiendo un cambio constitucional a través de una Asamblea Constituyente a fin de alcanzar una vida digna para todas y todos. 

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